En estos días de violencia hemisférica, recordemos, con el filósofo esloveno Slavoj Žižek, la importancia de no reaccionar con premura. “Hay situaciones en las que lo único verdaderamente ‘práctico’ por hacer es resistir la tentación de intervenir inmediatamente y ‘esperar y ver’ por medio de un paciente análisis crítico”.1 La jornada de violencia registrada en Culiacán el 17 de octubre debe pensarse con esa cuidadosa calma. Más que intentar explicar con precisión los hechos, me parece crucial comprender el modo en que están siendo significados políticamente en el complejo escenario doméstico y geopolítico en que se enmarcan.
En lo que sigue, me aproximo a los acontecimientos de Culiacán como el escenario simbólico en el que se está desafiando la política de pacificación del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no la viabilidad del estado o su soberanía territorial ante la amenaza de los supuestos “cárteles de la droga”. Lo que está en juego después de la siniestra espectacularización de la violencia que sufrió la sociedad sinaloense no es la “seguridad nacional”, sino la continuidad de la “guerra contra las drogas” que comenzó con el gobierno de Felipe Calderón en 2006. La singularidad de este evento supone un golpe mediático que podría realinear el proyecto de gobierno de AMLO en el paradigma neoliberal del discurso hegemónico antidrogas y la violenta ocupación militar del país que implica.
Repasemos primero los hechos hasta ahora establecidos. Según versiones oficiales y periodísticas, el coronel Juan José Verde Montes, jefe del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GAIN) de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), supuestamente sin autorización de sus superiores, ordenó un operativo para detener a Ovidio “El Ratón” Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en su casa en el residencial Tres Ríos, una zona de clase alta en Culiacán.2 El video y la detallada explicación de Luis Cresencio Sandoval, titular de SEDENA, muestra cómo los soldados sacaron a Guzmán López de su casa y lo pusieron contra una pared. Después de que supuestos miembros del “Cártel de Sinaloa” comenzaron una serie de ataques por varios puntos de la ciudad —incluyendo un residencial para las familias de militares—, el operativo se suspendió y los militares dejaron libre a Guzmán López. De acuerdo con un reporte de la BBC, la confrontación continuó con 19 bloqueos con autos incendiados y 14 enfrentamientos con armas de fuego en varios puntos de la ciudad, incluyendo el ataque a una prisión para liberar reos.3 Se reportó también que unos nueve soldados habrían sido secuestrados por los delincuentes. La violencia se prolongó hasta cerca de la medianoche. Hubo ocho muertos: un soldado de la guardia nacional, un civil, un reo y cinco supuestos miembros de la organización criminal.
Medios de comunicación dentro y fuera de México cubrieron estos sucesos primordialmente como una derrota del gobierno federal y como una demostración del poder del “Cártel de Sinaloa”. “Ustedes mandan”, afirmó la revista Proceso en su portada, aludiendo a los supuestos traficantes que perpetraron la violencia.4 “México fracasa ante el narco”, publicó el diario español El País en su página editorial.5
Ciertos periodistas y analistas especializados en temas de seguridad avanzaron la misma lectura. El reportero Ricardo Ravelo confundió los enfrentamientos más recientes entre las fuerzas armadas y delincuentes para hilvanar falazmente en una lectura tremendista de los hechos. Se refirió al asesinato de 13 policías estatales en Aguililla, Michoacán, ocurrido el pasado 14 de octubre a manos de supuestos miembros del “Cártel Jalisco Nueva Generación” junto con el tiroteo que al día siguiente dejó 14 delincuentes y un soldado del Ejército mexicano muertos en Tepochica, Guerrero. En su listado, los “narcos”, sin distinguir entre regiones del país, son descritos como una amenaza monolítica y absoluta lo mismo para el estado que para la sociedad civil:
“Mientras el crimen hace y deshace en el país, el Presidente Andrés Manuel López Obrador sigue sin rectificar su política de no usar la fuerza contra los cárteles”, arguyó Ravelo abonando a los míticos “cárteles” que legitimaron el discurso militarista de los gobiernos anteriores. “Parece que al Presidente no le ha quedado claro que el crimen organizado le disputa el poder y el control territorial”.6
Otros analistas han ido todavía más lejos. En distintas entrevistas, Edgardo Buscaglia, experto consultor en seguridad afiliado a la Universidad de Columbia, dijo que el “Cártel de Sinaloa”, según los reportes de inteligencia estadounidense, es la tercera organización criminal más grande del planeta con presencia en 81 países. Todavía más alarmista, Buscaglia insistió en que el ataque en Culiacán debe calificarse “como acto de terrorismo y no solo delincuencia organizada”.7
Estas interpretaciones son representativas de lo que llamo una “crítica securitaria” de la violencia que actualmente se experimenta en México. Como ha ocurrido con mucho del trabajo periodístico y académico más reconocido en torno a la “guerra contra el narco”, esta crítica responde a la era de la “seguridad nacional” que Estados Unidos concibió después de la Segunda Guerra Mundial. Bajo ese paradigma, la hegemonía estadounidense construyó escenarios de guerra en múltiples regiones del mundo para ventilar sus intereses políticos y económicos más estratégicos. Con el fin de la Guerra Fría, la agenda de seguridad nacional viró hacia la “guerra contra las drogas” a través de campañas militares para “combatir” el narcotráfico directamente en los principales países donde se produce y se trafica la droga.
Mediante la Iniciativa Mérida, firmada en diciembre de 2008, Estados Unidos destinó un paquete de mil 600 millones de dólares en equipo militar, tecnologías de vigilancia y comunicaciones y entrenamiento táctico para la “guerra contra el narco” del gobierno de Calderón. Según los investigadores académicos Will Pansters, Benjamin Smith y Peter Watt, especialistas en seguridad, la militarización de los últimos doce años “totalizó la guerra contra las drogas y la violencia”.8 Calderón nos lo advirtió con frialdad fascista: “costará vidas humanas inocentes, pero vale la pena seguir adelante”.9 Su perversa normalización de la violencia ha tenido desde entonces profundas repercusiones en la comprensión generalizada de la militarización en México. La narrativa de la “guerra contra las drogas” fue adoptada de un modo estandarizado por el periodismo nacional y extranjero con un vocabulario recibido que a la fecha describe conflictos armados inverificables en un estado que se asume débil y hasta fallido.
La mayor contradicción del discurso de la “guerra contra las drogas”, sin embargo, radicó en que la supuesta amenaza de los “cárteles” acechaba al estado mexicano durante un descenso histórico de la tasa de homicidios hasta 2007, como demostró el trabajo del sociólogo Fernando Escalante Gonzalbo.10 Al mismo tiempo, el enorme gasto público en seguridad desde mediados de la década de los noventa ya había duplicado el tamaño de las policías, el ejército y la marina en el país. Me basta este solo dato: en 2006, el primer año de gobierno de Calderón, se asignaron 26 mil 31 millones 900 mil pesos al ejército y la fuerza aérea. En 2011, ese presupuesto ascendió a 50 mil 39 millones. El gasto en la Secretaría de Marina se incrementó de 9 mil 100 millones a 18 mil 270 millones en el mismo plazo.11
La militarización de la “guerra contra las drogas”, como ya han demostrado varios estudios académicos serios, ha tenido una correlación directamente proporcional con el alza de la violencia. Recordemos, entre otros, el análisis del CIDE que demostró el alto índice de letalidad de las fuerzas armadas en México, superior al de otras regiones afectadas por el narcotráfico como Brasil o Colombia. Entre 2007 y 2011, 84% de los enfrentamientos fueron provocados por agentes del estado. Sólo el 7% comenzaron como agresiones en contra de las fuerzas armadas.12
Así se entiende la detención “sin un solo disparo” de “El Chapo” Guzmán en 2014 que “perforó” el “casi mítico estatus” del traficante.13 En enero de 2016, el traficante se vio obligado a arrastrarse entre mierda para huir por un drenaje la última vez que fue capturado en Sinaloa por policías federales que lo retuvieron en un motel de paso mientras aguardaban refuerzos de la marina y con el traficante sentado en la cama de la habitación.14 Sabemos que “El Chapo” pasó un año detenido en penales del país hasta que fue finalmente extraditado a Estados Unidos sin que nadie obstaculizara el proceso.
El juicio al que fue sometido “El Chapo” en Nueva York reveló igualmente los límites de las organizaciones de traficantes. El discurso oficial estadounidense todavía en junio de este año insistía en que los cárteles mexicanos generan hasta 500 mil millones de dólares anualmente, superando incluso las ganancias de corporativos multinacionales como Walmart.15 La realidad es otra: a la fecha ni las autoridades de Estados Unidos o de México han podido encontrar ninguna cuenta bancaria que justifique los 14 mil millones de dólares que “El Chapo” supuestamente trasladó en efectivo, en camiones, desde las calles de Estados Unidos hasta la serranía del triángulo dorado.16 Esa cantidad de dinero, que resultó de la suma de los decomisos de droga y dinero que las autoridades hicieron al supuesto “cártel de Sinaloa” durante alrededor de 25 años de carrera criminal del “Chapo Guzmán”, contradice los estimados del gobierno estadounidense que con frecuencia circulan sin evidencia que los sustente. Pero los negocios del “cártel de Sinaloa” ni siquiera compiten con el mercado legal de la mariguana estadounidense, que para finales de este 2019 producirá ganancias de hasta 16 mil millones de dólares.17 Contrastando estas cifras, se infiere que la mariguana legal rebasa en doce meses los 25 años del supuesto monopolio de la cocaína de “El Chapo”.
Hasta los eventos de Culiacán, no se había suscitado una expresión de violencia tan explícita atribuida a un “cártel” en una ciudad o región del país. Por el contrario, el minúsculo operativo del ejército mexicano que intentó aprehender al hijo de “El Chapo” detonó una movilización espectacular “como si la intención fuera cercar esa zona”, según informó el sitio Aristegui Noticias. Las balaceras y los bloqueos estuvieron acompañados de información falsa y de imágenes y videos tomados de conflictos armados en Turquía y Brasil que circularon en redes sociales distorsionando la magnitud de la violencia en Culiacán.18 También apareció en redes sociales un supuesto comunicado del “Cártel de Sinaloa” agradeciendo a AMLO suspender el operativo y disculpándose con la ciudadanía de Culiacán por la violencia desatada.
Junto con las fake news, circularon videos reales tomados por ciudadanos con teléfonos celulares. En uno de los más impactantes se muestra a dos personas a bordo de una camionera pick-up con una poderosa ametralladora calibre .50 montada en la caja descubierta. La performance de la violencia recuerda aquí al concepto de “violencia organizada”, por medio del cual, según los investigadores Dawn Paley y Simon Granovsky, grupos armados no identificados actúan bajo intereses políticos y empresariales como fuerzas paramilitares subcontratadas.19 Como ha demostrado el trabajo periodístico de Federico Mastrogiovanni e Ignacio Alvarado, la ocupación militar y el fenómeno de la paramilitarización en México han sido un vehículo para el despojo y apropiación ilegal de tierras que permiten el avance de megaproyectos de extracción de recursos naturales como gas, petróleo y minería.
Tras la conferencia matutina del 30 de octubre de 2019, entendemos que el operativo fue ordenado por el Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GAIN), del cual no había información pública hasta ahora. Creado en 1995, este grupo fue uno de los instrumentos de la “guerra contra el narco” de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto. En esos años se intensificó su actividad: entre 2006 y 2019 se llevaron a cabo 588 detenciones de traficantes de un total de 663 acreditadas desde su creación.20 El GAIN, se nos dijo, trabajó en la detención de Ovidio Guzmán López desde meses atrás y actuó en Culiacán sin informar a sus superiores y sin el conocimiento de AMLO, según reconoció el propio presidente.21
Sumemos a esto que, de acuerdo con varios medios de comunicación, fueron alrededor de 100 delincuentes los que detonaron sus armas y bloquearon calles en la ciudad, mientras que en Culiacán se contaba con aproximadamente 800 militares “con mayor capacidad de fuego”.22 230 soldados más fueron enviados al cuartel de la Novena Zona Militar, que se encuentra a unos 11 minutos de distancia en automóvil de la colonia Tres Ríos donde se llevó a cabo el operativo de captura del hijo de “El Chapo”. Si consideramos que el GAIN tiene una extensa experiencia operativa de más de 20 años que abarca los últimos cinco gobiernos de México, ¿cómo fue posible que se cometieran tantos errores en Culiacán aún cuando superaban en número y entrenamiento a los supuestos traficantes del “cártel de Sinaloa??
Según los datos oficiales, del 1 de diciembre al 26 de octubre, el GAIN ha detenido ya a 46 traficantes.23 Si ni el presidente ni su gabinete de seguridad aprobaron el operativo en Culiacán, ¿debemos asumir que un sector de la SEDENA sigue operando por su cuenta la “guerra contra el narco” contraviniendo la explícita política de pacificación de López Obrador? ¿Tendrá algo que ver ese sector del ejército con el supuesto descontento generalizado que se manifestó entre las fuerzas armadas por el fracaso del operativo en Culiacán, según reveló en una entrevista reciente Sergio Aponte Polito, general de división en retiro que por tres décadas encabezó operaciones militares antinarcóticos por todo el país?24 ¿Está relacionado ese sector con el reclamo de Carlos Demetrio Gaytán, también general de división en retiro y exsubsecretario de Defensa del gobierno de Calderón, quien afirmó en un desayuno el 22 de octubre ante el titular de la SEDENA, que los soldados se sentían “agraviados” y “ofendidos” por “decisiones estratégicas que no han convencido a todos, para decirlo con suavidad”?25 ¿A ellos se refiere AMLO cuando, desde su cuenta de Twitter, afirmó el 2 de noviembre que la mayoría en el país “no permitiría otro golpe de Estado” como el que derrocó a Francisco I. Madero en 1913?
Un dato más exige otro tipo de preguntas: el semanario Río Doce reportó que Uttam Dhillon, director interino de la Drug Enforcement Agency, la DEA, estuvo en Culiacán el 16 de septiembre pasado para reunirse en privado con el gobernador priísta de Sinaloa, los comandantes de la Novena Zona Militar y de la Tercera Región Militar, y representantes de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Marina.26 Según el periodista Óscar Balderas, se trató del viaje de toda una delegación de la DEA para presionar al gobierno de México para continuar con el combate al narcotráfico en específico en Sinaloa.27
Entre todas estas dudas que surgen a partir de la información que tenemos hasta ahora, AMLO ha refrendado su rechazo a la militarización antidrogas. En ese sentido resulta verosímil la explicación que ofreció su gabinete de seguridad: El fallido operativo se canceló no por temor a los traficantes, sino “para proteger la vida de las personas”. “La estrategia que se estaba aplicando anteriormente convirtió al país en un cementerio”, dijo AMLO. “No se puede apagar el fuego con el fuego, esa es la diferencia de esta estrategia con relación a lo que habían hecho los anteriores gobiernos. Nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra, esto les cuesta trabajo entenderlo”.28 El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, fue todavía más contundente: “En Culiacán habría sido fácil recurrir a un combate de exterminio y a final de cuentas habríamos ganado, pero ¿a qué costo?”.29 La decisión de no exacerbar la militarización en Culiacán para detener al hijo de “El Chapo” parece reformular la célebre máxima de Confucio: “no uses un cañón para matar a un ratón”.
Según una encuesta conducida por El Financiero, AMLO goza de una aprobación del 67% incluso después de lo ocurrido en Culiacán. No obstante, 57% de los consultados piensa que el “crimen organizado” ganó la batalla.30 El riesgo de esta opinión, cada vez más generalizada, es que deliberada o inadvertidamente conduce al regreso de la militarización. Aquí la última pregunta es al mismo tiempo la más importante: ¿qué intereses se beneficiarían de la reactivación de la “guerra contra las drogas”? En primera instancia, la hegemonía estadounidense que ha instrumentalizado la militarización como un efectivo modo de intervención en nuestra política doméstica, lo que María José Rodríguez Rejas ha llamado la “norteamericanización de la seguridad en América Latina” y que se manifestó en esa extraña visita de la DEA en Culiacán el mes pasado.31 Con ellos, avanzan las élites político-empresariales, domésticas y trasnacionales, que aprovecharon la guerra con fines políticos y extractivistas. Finalmente, los beneficiados son también las fuerzas armadas, cuya presencia expansiva en la vida democrática de México, como advierte la antropóloga Kristin Norget, “se ha convertido en una formidable fuerza política” que crece desproporcionadamente junto con las partidas presupuestales en nombre de la “seguridad nacional”.32
Permítaseme una reflexión extemporánea a modo de conclusión. Al comprender que el presidente Richard Nixon estaba dispuesto a continuar una guerra sin sentido para no pagar el precio político de “perder” en Vietnam, el analista militar Daniel Ellsberg dio a conocer a los medios de comunicación los secretos de ese fracaso con los Pentagon Papers que sacudieron a Estados Unidos en 1971. Al releerlos, el periodista e intelectual Jack Beatty anotó que la advertencia sobre los peligros de la guerra en la historia estadounidense la articuló primero James Madison, quien temía que los presidentes pudieran “hacer la guerra” a conveniencia si esa facultad fuera suya y no del congreso. “La tentación era demasiado para cualquier hombre”, escribió Beatty.33 Ciertamente fue demasiado para presidentes como Calderón y Peña Nieto. Ojalá no lo sea para Andrés Manuel López Obrador.
(Las opiniones expresadas en las columnas son responsabilidad de sus autores y no representan, necesariamente, la línea editorial de Perro Crónico)
1 Slavoj Žižek, Violence. Six Sideways Reflections (New York: Picador, 2008, p. 7).
2 Neldy San Martín, “El responsable del operativo en Culiacán no solicitó autorización, informan”, Proceso, 31 de octubre, 2019.
3 Alberto Nájar, “Culiacán: cómo se vivió el jueves infernal que aterrorizó a la capital de Sinaloa”, BBC News Mundo, 19 de octubre, 2019.
4 Proceso, “Culiacán. Ustedes mandan”, 20 de octubre, 2019.
5 “México fracasa ante el narco”, El País, 18 de octubre, 2019.
6 Ricardo Ravelo, “AMLO: Palabras contra metralla”, Sin Embargo, 18 de octubre, 2019.
7 Cintia Sánchez Aguilar, “Lo ocurrido en Culiacán fue un acto de terrorismo: Edgardo Buscaglia”, Así el Weso, W Radio, 21 de octubre, 2019
8 Will G. Pansters, Benjamin T. Smith y Peter Watt, eds. Beyond the Drug War in Mexico. Human Rights, the Public Sphere and Justice (New York: Routledge, 2018) 2-3.
9 Redacción, “Mientras AMLO salva vidas inocentes Calderón decía que se perderían pero valdría la pena”, El Heraldo de México, 20 de octubre, 2019.
10 Fernando Escalante Gonzalbo, “Homicidios 2008-2009. La muerte tiene permiso”, Nexos, 1 de enero, 2011.
11 Jesús Aranda, “En la lucha de Calderón contra el narco, Sedena y Semar duplicaron su presupuesto”, La Jornada, 6 de septiembre de 2011.
12 Manuel Hernández Borbolla, “Guerra contra el narco ‘perfeccionó’ letalidad de fuerzas armadas”, The Huffington Post, 1 de febrero de 2017.
13 Carrie Kahn, “El Chapo’s Arrest Punctures Drug Lord’s Near-Mythical Status”, NPR, 23 de febrero, 2014.
14 Azam Ahmed, “Los detalles de la gran cacería para capturar al ‘Chapo’ en México”. The New York Times, 16 de enero, 2016.
15 Salvador Rizzo, “Do Mexican drug cartels make 500 Billion a year?” The Washington Post, 24 de junio, 2019.
16 Alberto Nájar, “México: dónde está la fortuna del Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de los hombres más ricos del planeta”, BBC Mundo (10 de mayo, 2017).
17 Don Reisinger, “The Legal Marijuana Industry Is Soaring—And 2019 Could Be Its Best Year Yet”, Fortune (27 de diciembre, 2018).
18 Gisela Pérez de Acha, Rubén Tamayo y Sergio Beltrán-García, “Evidencia y ‘fake news’ del operativo fallido en Culiacán”, Aristegui Noticias, 22 de octubre, 2019.
19 Dawn Paley and Simon Granovsky-Larsen, Organized Violence. Capitalist Warfare in Latin America (Regina, Canada: University of Regina Press, 2019, p. 11).
20 Jannet López Ponce, “Destapan la existencia de grupo military ‘cazacapos’”, Milenio, 31 de octubre, 2019.
21 Arturo Rodríguez García, “López Obrador reconoce que no estaba informado del operativo en Culiacán” Proceso, 22 de octubre, 2019.
22 Roberto Rock L., “Culiacán: la historia que se abre paso”, El Universal, 22 de octubre, 2019.
23 Redacción, “Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico de Sedena planeó captura de Ovidio Guzmán”, Aristegui Noticias, 30 de octubre de 2011.
24 José Raúl Linares, “Hay ‘enojo y decepción’ en el Ejército, advierte el general Sergio Aponte”, Proceso, 3 de noviembre, 2019.
25 Redacción, “Cuestiona general ‘decisiones estratégicas’ del Ejecutivo que ‘no han convencido a todos’”, Aristegui Noticias, 30 de octubre, 2019.
26 Marcos Vizcarra, “La DEA visita Sinaloa”, RíoDoce, 16 de septiembre, 2019.
27 Redacción, “Operativo en Culiacán, inició 36 días antes con viaje secreto de la DEA a México”, MVS Noticias, 23 de octubre, 2019.
28 Redacción, “‘No puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas’, argumenta AMLO tras liberación de Ovidio Guzmán”, Aristegui Noticias, 18 de octubre, 2019.
29 María Fernanda Navarro, “Habríamos ganado en Culiacán, pero no quisimos exterminio: Durazo”, Forbes, 30 de octubre, 2019.
30 Alejandro Moreno, “Aprobación de AMLO resiste ‘efecto Culiacán’”, El Financiero, 22 de octubre, 2019.
31 María José Rodríguez Rejas, La norteamericanización de la seguridad en América Latina (México: Akal, 2017).
32 Kristin Norget, “Caught in the Crossfire. Militarization, Paramilitarization, and State Violence in Oaxaca, Mexico”, When States Kill. Latin America, the U.S., and Technologies of Terror, Cecilia Menjívar y Néstor Rodríguez, eds. (Austin: The University of Texas Press, 2005) 123.
33 Jack Beatty, “The Temptation of War”, The Atlantic, octubre, 2002.
Pues ojalá no lo sea para Andrés Manuel López Obrador